Redacción Gedesco | 11 Septiembre 2015 | Financiación

Uno de cada cuatro autónomos cierra por la morosidad

financiación autónomos

El talón de Aquiles de los autónomos es la morosidad en los pagos, procedente tanto de la Administración Pública como de las empresas privadas. Esta lacra ha supuesto que uno de cada cuatro autónomos se vea obligado a cerrar su negocio por problemas de morosidad. Así lo desvela uno de los últimos informes realizados por la Federación de Asociaciones del Trabajo Autónomo (ATA).

Los autónomos que han echado el cierre por culpa de la morosidad habían logrado poner en marcha negocios totalmente viables. Sin embargo, y a pesar de la viabilidad del mismo, si no ingresan las cantidades correspondientes al trabajo realizado, es imposible sobrevivir. Curiosamente, es la Administración Pública la que más incumple con la normativa referente al periodo de pago máximo establecido por la Directiva Europea de Morosidad y por la Ley Española de Morosidad.

En 2012, la Administración Pública presentaba 161 días de retraso de media. Una cifra que se ha visto mejorada en 2015, con 93 días de media en el pago de las facturas a los autónomos, aunque todavía está muy lejos de los 30 días establecidos por la ley

Las empresas privadas, por su parte, experimentan un periodo medio de pago de 85 días, pero el margen de demora de estas entidades no es tan abismal. Esto se debe a que la ley establece para las empresas privadas un periodo máximo de pago de 60 días.

En el último informe de ATA, del segundo trimestre de 2015, se refleja un incremento del 9,4% en el periodo medio de pago de las Administraciones Públicas de cara a los autónomos. Una morosidad que no conlleva sanciones para las entidades públicas. En el caso de que un autónomo se retrase en los periodos medios de pago con alguna de las administraciones públicas, debe pagar un recargo del 20% para el pago de intereses por demora. Por ello, desde ATA piden igualdad en la ley.

Medidas exigidas para poner fin a la morosidad que sufren los autónomos

  • Establecer un procedimiento sancionador en la Ley de Morosidad. Solicitan la aprobación de un reglamento para sancionar a las empresas privadas y públicas que no cumplen con sus pagos a los autónomos.
  • Puesta en marcha de un buzón anónimo para denunciar situaciones de morosidad. Muchos autónomos consideran que es difícil denunciar públicamente a la empresa que les tiene que pagar.
  • Establecer un recargo del 20% a las Administraciones Públicas incumplidoras de la Ley de Morosidad.
  • Desde ATA exigen la participación de la Comisión Nacional de la Competencia.

Tres de cada cuatro empresas no se benefician de la Ley de Morosidad

El 74% de las compañías no se han visto beneficiadas con la implantación de la Ley de Morosidad. El dato más llamativo es que el 85% no conocen esta ley, según un estudio de Intrum Justitia. Esta situación pone de relieve la necesidad de aplicar sanciones reales a las empresas que no cumplen con sus pagos.

El 90% de las empresas y autónomos no están conformes con esta Ley de Morosidad ya que no ha solucionado los principales problemas en este ámbito. Es más, el 58% de los autónomos considera que la nueva normativa es, incluso, negativa para sus negocios.

Un método que sí está funcionando para paliar los efectos negativos de la morosidad es el factoring. A través de esta fórmula de financiación, una empresa cede los cobros que tiene pendientes de abonar a otra entidad, la cual ingresa esa cantidad al autónomo solicitante. De esta forma, se está asegurando el cobro de las facturas.

 

 

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