Redacción Gedesco | 30 Julio 2013 | Economía para todos

¿Qué supone la nueva Ley del Alquiler?

La nueva Ley del Alquier fue aprobada hace poco más de un mes con el objeto de flexibilizar la relaciones entre arrendadores e inquilinos, dando mayor valor jurídico al pacto entre las partes que a la propia legislación. Sin embargo, y más allá de esa pretendida libertad que la Ley quiere otorgar, hay una serie de normas que cambian con respecto a la regulación anterior.

Hasta ahora la prórroga forzosa que se aplicaba a la firma del primer contrato era de cinco años, con la nueva norma pasa a tres. En caso de querer rescindir anticipadamente el contrato, el arrendatario sólo tendrá que avisar al arrendador con un mes de antelación y no tendrá que pagar indemnización alguna, siempre que hayan pasado al menos seis meses desde el inicio del contrato y que éste no especifique lo contrario.

En el caso contrario, si es el propietario el que quiere recuperar la vivienda por necesitarla para él o un familiar de primer grado, podrá hacerlo si hubiera transcurrido al menos un año desde la firma del contrato y lo comunique al inquilino con dos meses de antelación.

Si el inquilino planteara la posibilidad de realizar una reforma para mejorar el inmueble se podrá llegar a un acuerdo con el propietario para que el coste de la misma pueda ser descontado de las mensualidades del alquiler.

Será trascendental que el contrato se inscriba en el Registro de la Propiedad. Si ni lo estuviera y el arrendador vendiera el inmueble, el nuevo propietario no estaría obligado a respetar el contrato y pudiendo solicitar que el inquilino desaloje el mismo. Hasta ahora la compra de un inmueble arrendado obligaba al nuevo dueño a respetar el contrato en vigor.

En cuanto al pago y actualización de la renta, propietario e inquilino podrán pactar, a partir del tercer año de contrato, la actualización de la misma, tanto al alza como a la baja y ésta no tendrá por qué estar referenciada al IPC.

Para realizar el pago de la renta estipulada el inquilino tendrá un plazo de diez días. En caso de no cumplir dicho plazo, aunque sea sólo un mes de impago, se podrá rescindir el contrato e iniciar el procedimiento de desahucio, que sólo durará diez días.

Se crea, además, un Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas del alquiler, de tal manera que los propietarios podrán consultarlo antes de alquilar sus propiedades con el objeto de verificar la solvencia del arrendatario, o por lo menos su historial de impagos (si los hubiera).

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