Redacción Gedesco | 6 Febrero 2014 | Economía para todos

¿Qué son y cómo se tramitan las reclamaciones en consumo?

El consumidor tiene derecho a presentar una reclamación ante los organismos competentes en materia de consumo cuando cree que se han vulnerado sus derechos a realizar una compra o haber recibido un determinado servicio.

El origen de esas reclamaciones puede ser muy variado, los más usuales suelen darse por un deficiente etiquetado de los productos, por la publicidad, la calidad, la composición, el precio o las condiciones y sistemas de pago de los mismos.

Las competencias en materia de consumo están transferidas a las Comunidades Autónomas y serán éstas las que se hagan cargo de estas reclamaciones y atenderán a las mismas, sancionando si procede a la empresa que haya cometido la infracción.

La reclamación puede realizarse de dos maneras: a través de las hojas de reclamaciones obligatorias en todos los establecimientos o bien de manera presencial en las Oficinas de Atención al Consumidor. En el primer caso el usuario deberá solicitar dicha hoja de reclamaciones al establecimiento, cubrirá el formulario (indicando los motivos de la reclamación y el resto de datos requeridos) y dejará una copia para la empresa y enviará otra a la Administración correspondiente.

Si entendemos que esta situación puede ser violenta podemos ir directamente a la Oficina de Consumo a poner dicha reclamación, cumplimentando el formulario en ese momento. En el primer caso el establecimiento es consciente de la situación desde el primer momento, mientras que en el segundo no se entera hasta que la Administración se lo notifica para que presente las correspondiente alegaciones.

La reclamación supondrá la apertura de un expediente que puede finalizar con una sanción en función de los hechos y de la gravedad de los mismos. Si se considerara que los hechos pudieran constituir un delito contra la salud pública, fraude o delitos relativos al mercado y a los consumidores se abriría una causa penal contra quienes lo hayan cometido.

Se trata, por tanto, de un mecanismo que pretende servir como garantía de servicio al consumidor y para que éste pueda reclamar sus derechos ante lo que pudiera constituir una actuación irregular por parte del empresario.

Foto: Flickr | Daquella Manera

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