Redacción Gedesco | 20 Septiembre 2013 |

En qué consiste la limitación de pagos en efectivo

Una de las medidas aprobadas por el actual Gobierno para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida es la limitación de pagos en efectivo. Desde noviembre de 2012 no pueden pagarse en efectivo las operaciones en las que en alguno de los intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su valor equivalente en moneda extranjera.

Se consideran empresarios las entidades mercantiles, aquéllos que realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo, en especial los arrendadores de bienes, etc.

La Ley habla de operaciones y no de pagos, es decir una operación por un total de 3.000 euros pactada en dos pagos de 1.500 euros cada uno no podrá abonarse en efectivo, independientemente de que las cuotas pactadas sean inferiores al límite de los 2.500 euros. Si bien esta obligación no afecta a los pagos mensuales de las cuotas de servicios permanentes, como los suministros, alquileres, etc.

Sanciones y denuncias de incumplimiento

En caso de incumplir la norma está prevista una sanción equivalente al 25% del montante total de la operación. La responsabilidad en caso de infracción es solidaria para pagador y cobrador. Sin embargo estaría exonerado de la misma el interviniente que presente denuncia dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.

La denuncia puede ser interpuesta por uno de los intervinientes o por un tercero y para ello basta con entrar en el espacio que Hacienda ha dispuesto para ello en su página web. El denunciante debe identificarse con su NIF y con el importe de la casilla 620 de su declaración de la Renta del ejercicio anteror. Si no hubiera presentado declaración introducirá un número de cuenta bancaria en la que figure como titular a fecha 1 de enero del presente año en una entidad con sede en el territorio nacional.

Además deberá proporcionar los datos del denunciado (nombre, NIF y domicilio) y de la operación (fecha e importe), detallando si el denunciado fue el pagador o el receptor. El procedimiento permite anexar documentos, como puede ser la factura que acredite la realidad del hecho.

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