Redacción Gedesco | 15 Julio 2013 | Economía para todos

El Concurso de Acreedores, su función y procedimiento

Los cambios en la legislación mercantil llevados a cabo en los últimos años ha supuesto la creación del procedimiento concursal para solucionar los problemas de insolvencia de empresas, principalmente, y particulares.

Desde el punto de vista de las sociedades mercantiles, el concurso de acreedores viene a reemplazar a la anterior suspensión de pagos, y es un sistema que pretende facilitar la supervivencia de las empresas en situaciones en las que no pueden hacerse cargo de los pagos a corto.

El órgano de administración de la empresa, en el momento en que se dé una situación de insolvencia que impida cumplir con los pagos, deberá presentar ante los Juzgados de lo Mercantil la solicitud de concurso y la documentación que acredite las circunstancias que obligan a dicha solicitud, en estos casos estaríamos ante un concurso voluntario. Si se diera la situación de insolvencia y la propia empresa no solicitará el concurso, podría ser cualquier proveedor el que pida el inicio del procedimiento concursal.

El Juzgado, a la vista de la solicitud, será el que la admita y decrete el inicio del procedimiento. Se llevará a cabo un análisis del patrimonio empresarial, bienes y derechos, y de la relación de acreedores y sus créditos contra la empresa. Con esos datos se podrá determinar si la empresa es viable o no. En el primer caso se negociará un convenio con los acreedores y en el segundo se procederá a liquidar la sociedad.

El Juzgado puede decidir la sustitución de los Administradores de la empresa por una administración concursal, un tercero no vinculado con la empresa que ha de velar por que el procedimiento llegue a buen fin, que se negocie el convenio con los acreedores y se llegue a un acuerdo con los mismos para que la empresa pueda seguir funcionando y ellos puedan, en la medida de lo posible, cobrar las cantidades pendientes.

Generalmente, el convenio es un acuerdo de refinanciación de las deudas contraídas por la empresa y que suele contemplar una quita, que los acreedores perdonen un porcentaje de las cantidades pendiente de cobrar, y un plan de pagos que conviertan las deudas a corto plazo en un crédito a largo. De esta manera se conseguirá que la empresa no tenga que cerrar.

A la hora de evaluar las deudas de la empresa se tienen en cuenta el origen de las mismas. Las deudas con trabajadores, Administraciones Públicas o que tengan garantías hipotecarias tendrán preferencia sobre las deudas ordinarias y cuando haya que negociar el convenio tendrá más peso en la decisión sobre el mismo.

Para que la propuesta de convenio se considere aceptada se necesitará que la mitad del pasivo ordinario del concurso apruebe las condiciones propuestas. Si bien, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior al 20%, será suficiente que se apruebe por mayoría simple de pasivo. Si el acuerdo no se llegara a formalizar la administración decretará la liquidación y las deudas se cubrirán exclusivamente hasta donde alcancen los activos de la sociedad.

El concurso finaliza, pues, con un acuerdo de refinanciación de la deuda o, en el peor de los casos, con el cierre de la empresa.

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