José Antonio Calvo | 17 Marzo 2015 | Consejos para empresas

Las deudas que no cubre la Ley de la Segunda Oportunidad

Las deudas que no cubre la Ley de la Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad es una normativa anunciada por el Gobierno en el último Debate del Estado de la Nación. El texto que la desarrolla ha sido presentado como proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, y es a partir de este punto donde se ha podido ver la letra pequeña de la normativa. En su inicio, la Ley de Segunda Oportunidad fue presentada, como su propio nombre indica, para conceder una segunda oportunidad a autónomos que tuvieran contraídas deudas de una actividad económica realizada en el pasado.

Imaginemos que un autónomo inició un negocio pero que, debido a la crisis, tuvo que cesar su actividad con deudas pendientes. La falta de ingresos durante este periodo y la caída del consumo en España, generó que muchos pequeños negocios se vieran abocados a cerrar. En este proceso de agonía, y debido a la falta de liquidez, el autónomo es probable que se viera obligado a no pagar el IVA o ciertas cuotas de su actividad. De hecho, para el primero de los casos existe un problema demasiado común: tener que adelantar el IVA de las facturas que todavía no se han cobrado. Circunstancias que generaron que muchos autónomos se vieran obligados a cesar su actividad con una deuda contraída, ante la falta de liquidez, el crecimiento de la deuda y el retraso de la recuperación económica.

Esta deuda, es arrastrada por el trabajador autónomo de por vida. Un lastre tanto si inicia una actividad laboral por cuenta propia como si intenta incorporarse al mercado laboral. Un lastre que, aparentemente cortaría la Ley de Segunda Oportunidad, que fue anunciada como un vehículo o herramienta para que se ‘perdonaran’ estas deudas, con el objetivo de favorecer una reinserción de estos autónomos.

Por qué interesa al Gobierno perdonar una deuda

La principal razón es que muchos autónomos que cerraron las puertas de sus negocios no pueden abrir uno nuevo, puesto que tiene deudas pendientes de su anterior actividad. De este modo, ese autónomo sigue en el paro, y no genera riqueza, en un momento en donde el Gobierno necesita aumentar los ingresos. Ingresos que llegarían por parte de ese autónomo desde su cotización a la Seguridad Social, IVA derivado de su actividad, etc. Se busca, por tanto una reactivación de la economía desde el trabajador autónomo, al que le costaría mucho reincorporarse con una deuda pendiente que lastrara un nuevo intento de iniciar un negocio.

Por qué la Ley de Segunda Oportunidad no lo es tanto

Todos parecen ganadores con esta nueva normativa. Por un lado, el Gobierno saca del paro a un profesional capacitado para ejercer su profesión de forma autónoma. Genera nuevos negocios que pagan impuestos, con lo que engrosa las arcas del Estado. El profesional autónomo, por su parte, puede iniciar de nuevo su vida laboral, haciendo lo que desea y comenzando un nuevo negocio por su cuenta, sin que éste nazca ahogado por las deudas de la actividad anterior. Por tanto, ¿qué ocurre? ¿Dónde está la parte mala de la Ley de Segunda Oportunidad?

La mayoría de las deudas que tienen contraídas este tipo de profesionales que se vieron obligados a dejar sus negocios son con entidades públicas. Lo primero que un autónomo deja de pagar en el caso de no poder hacer frente a los pagos es cuestiones como su propia cotización a la Seguridad Social o el mencionado IVA, puesto que si no le pagan a uno, ¿cómo va a abonar las cantidades de IVA correspondientes a una factura que no ha cobrado? Pues bien, estas deudas quedan fuera del proyecto de Ley de Segunda Oportunidad presentado. De manera que, en el caso de ser de nuevo autónomo, éste sí tendrá que hacer frente a esas deudas. Se podría concluir por tanto que estamos ante una Ley de ‘media’ Segunda Oportunidad, al menos en lo que a profesionales autónomos se refiere.

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