Redacción Gedesco | 28 Diciembre 2015

Consejos para presentarse a un concurso público o licitación

Consejos para presentarse a un concurso público o licitación

Los concursos públicos o licitaciones son procesos que abre la Administración Pública con el objetivo de que empresas del ámbito privado le provean de ciertos servicios o productos que necesita para realizar alguna actividad. Un proceso de licitación podría ser, por ejemplo, la construcción de un Colegio Público por parte de un Ayuntamiento. O la concesión de la conservación de un determinado tramo de carretera en una autovía. Las Administraciones abren procesos de licitación con una serie de condiciones a cumplir, que se denomina pliego de condiciones. Este documento sienta las bases de la colaboración, así como los pasos para ejercer el derecho que tiene cualquier a empresa de postularse para el proceso.

¿Por qué postularse a una licitación?

La principal ventaja es que los trabajos que suele licitar la Administración son trabajos cuantiosos en cuanto a facturación. Cualquier Administración requiere unos estándares de calidad por los que está dispuesta a pagar, a través de las designaciones presupuestarias que previamente haya acordado para ello.

En segundo lugar, trabajar con la Administración Pública nos abre puertas a otros clientes de calidad. Si su empresa es seleccionada en una licitación, habrá sido capaz de superar un proceso de selección en donde se le habrá valorado por su eficiencia, productividad y calidad, superando a la competencia en su sector. Por lo tanto, es un signo de garantía de que su empresa es capaz de trabajar con calidad.

Consejos y requisitos

  • Para licitar, es necesario que la empresa o autónomo en cuestión cumpla una serie de requisitos previos. No puede haber sido condenada por delitos de asociación ilícita, corrupción, fraude, delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, delitos contra los trabajadores o contra el medio ambiente.
  • Se debe estar al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social.
  • Tampoco puede haber sido sancionada por entidades de competencia, al haber roto disciplinas de mercado. Si se han infringido las normas de prevención de riesgos laborales o cualquier otra cuestión en materia de igualdad, discriminación o materia social muy grave, tampoco podrá participar en un proceso de licitación.
  • Si se está inhabilitado con respecto a la Ley Concursal, encontrarse en proceso de concurso o haberse declarado insolvente.
  • Que no exista incompatibilidades de cargos públicos. Es decir, que los socios o administradores de la empresa no ostenten cargos públicos o políticos.
  • Sin lugar a dudas, y al margen de lo anterior, la empresa deberá tener la capacidad de producir u ofrecer el bien o servicio que requiere la Administración. Lógicamente, si no se está capacitado para ello, no se debe perder tiempo en presentarse.
  • En este sentido, las Administraciones que sacan a concurso una licitación, solicitan contratos previos similares a la prestación del servicio solicitada. Por lo tanto, no vale con asegurar que se tiene experiencia previa, sino que habrá que demostrarlo a través de contratos anteriores en donde se especifique claramente las funciones realizadas.
  • Por último, en los pliegos se suelen establecer unos cupos mínimos de empleados, titulaciones académicas y perfiles profesionales, con el objetivo de asegurar que, efectivamente, la empresa cuenta con los conocimientos y capacidades suficientes para realizar un buen trabajo.

La Constitución de Garantía provisional

Otro aspecto a tener muy en cuenta es la necesidad de constituir una garantía provisional, debido al coste que supone. En muchas ocasiones, es necesario contar con un aval técnico, como garantía para el órgano que contrata. El tema del aval es importante, especialmente si vamos a optar a diferentes concursos públicos, puesto que será necesario para cada proceso. En este sentido, puede ser interesante incluso la apertura de una línea de aval, que nos asegure mejores condiciones globales de financiación, reduciendo los costes derivados de esta garantía obligatoria en las licitaciones.