Redacción Gedesco | 18 Mayo 2015

Comprar empresas en concurso será más barato si se mantiene la plantilla

Comprar empresas en concurso será más barato si se mantiene la plantilla

El concurso de acreedores puede ser el paso previo a una quiebra. Dentro del proceso concursal existe una fase en donde puede aparecer un comprador dispuesto a hacerse con la gestión y actividad de la empresa referida. Actualmente la Ley marcaba una serie de reglas para poder comprar una organización concursada, que han sido modificadas recientemente con el objetivo de preservar a la empresa, y también a sus trabajadores. Lo que sea por evitar despidos que sean capaces de engordar las listas del paro.

El Congreso ha decidido elevar del 10% al 15% la diferencia admisible respecto a la oferta más baja de compra de una empresa en liquidación a través de un concurso de acreedores, siempre y cuando el comprador se comprometa a mantener a toda la plantilla ya contratada. A cambio, la oferta presentada puede ser más baja, por lo que la transacción será más barata. Esta medida, incorporada al proyecto de ley de Medidas Concursales, ha sido aprobada por la Comisión de Economía del Congreso con el respaldo del PP.

La normativa, procedente de un decreto ley, está en vigor desde septiembre pero ahora las bases han cambiado respecto a esta reducción del coste. Sigue incluyendo cambios en las reglas de purga o subsistencia en las ofertas de empresas en procesos de liquidación que buscan vender todas las unidades productivas o una parte de ellas. Anteriormente, las ofertas sólo podían llegar hasta el 10% en caso de que el comprador garantizase la continuidad de la empresa y mantuviese los puestos de trabajo. Con la nueva aprobación, los términos son los mismos pero llegando al 15% en las ofertas, para así intentar primar la estabilidad del empleo.

Mejoras en la consigna del dinero al juzgado

Esta normativa incluye más medidas respecto a la compra de empresas en un concurso de acreedores. Una de ellas es la elevación también al 15% de la cantidad a consignar en una cuenta del juzgado relacionada con la enajenación de los bienes y derechos que se integran en la masa activa o con los pagos en efectivo realizados con cargo a la misma. Inicialmente, el texto exponía únicamente el 10%.

El administrador concursal, por su parte, solo podrá dar cumplimiento a las resoluciones judiciales derivadas del concurso de acreedores que conllevan las modificaciones pertinentes respecto a las condiciones del trabajo, los traslados y despidos colectivos, en las suspensiones de contratos y en las reducciones de jornadas laborales.

Para recurrir a la garantía de un inmueble se dispondrá de dos meses, en vez de uno, con la condición de que el procedimiento estuviera en curso antes de la entrada en vigor del decreto de esta ley y que no haya expirado cuando se entrega el bien.

Consideraciones para los autónomos y personas jurídicas

Los autónomos que sean dependientes económicamente se considerarán como acreedores de derecho laboral a todos los efectos y, por lo tanto, están obligados a comunicar de forma telemática la información sobre el convenio y el informe de administradores y sus impugnaciones a los implicados en el procedimiento. En caso de personas jurídicas, el administrador concursal deberá publicar en el Registro Público Concursal la información necesaria para la enajenación.

Si existen discrepancias en los acuerdos de la compra para mantener la actividad empresarial o profesional del deudor tendrá que intervenir un juez, que será el que decida. Además, no se podrá retrasar la compra.

Medidas de flexibilidad

La normativa permite hacer quitas en los convenios de acreedores y ampliar su duración para que sea más fácil a las empresas en quiebra cumplir con el acuerdo, y así garantizar su continuidad. Además, permite la creación de mayorías entre los acreedores que deberán ser analizadas por el administrador concursal y hacer una valoración del conjunto y de las distintas unidades.

 

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