Redacción Gedesco | 30 Marzo 2016

Qué es un aval provisional y por qué es necesario en un concurso público 

Qué es un aval provisional y por qué es necesario en un concurso público 

El aval provisional es aquel que se solicita para presentar y garantizar de forma legal el cumplimiento de lo prometido, con los importes incluidos, hasta que se disponga de un aval definitivo.

Este tipo de aval es necesario para la presentación de las empresas a concurso público. Será el documento requerido hasta que se adjudique la licitación. En estos casos, los órganos de contratación podrán exigir la constitución de una garantía provisional que actúe como documento de fiabilidad para el cumplimiento o mantenimiento de las ofertas propuestas hasta que se produzca la adjudicación del mismo.

En la garantía provisional se recogerá su importe, el cuál no podrá ser superior al 3% del presupuesto del contrato donde no se incluye el IVA, ni el régimen de devolución. Esta garantía se extinguirá automáticamente en el preciso momento en que se produzca la adjudicación del contrato. En este instante, se devolverá la garantía provisional a los licitadores, que estará retenida hasta que se constituya la garantía definitiva.

Las responsabilidades de la garantía provisional

La garantía provisional tendrá obligaciones y responsabilidades ante las que tiene que responder. Una de ellas son las posibles penalizaciones que imponga el contratista. Por su parte, será responsable de la correcta ejecución de las prestaciones recogidas en el contrato así como de los gastos originados a la Administración por causa de una demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, la garantía provisional responde ante los daños que se puedan ocasionar como consecuencia de la ejecución del contrato o por su incumplimiento. Por otro lado, la garantía provisional es un documento que hace responsable al dueño de la misma de las incautaciones que se pueden originar en las resoluciones del contrato.

  • La garantía no será cancelada o devuelta a sus responsables hasta el vencimiento de la misma, teniendo siempre presente que se ha cumplido satisfactoriamente las bases y acuerdos recogidos en la garantía, o hasta que se declare su resolución.
  • Una vez aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de la garantía, se procederá a la devolución de la garantía constituida o se cancelará directamente el aval o el seguro de caución siempre y cuando no se hayan producido responsabilidades. Justo desde el momento en que finaliza el plazo de garantía, se comienza a contabilizar el plazo de 2 meses para que se produzca el acuerdo de devolución y se notifique al interesado. En los casos en que solo haya recepción parcial, el contratista será el único que puede solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía. No obstante, esta última circunstancia solo será posible si se expresa previamente en el pliego de las cláusulas administrativas particulares.
  • En la cesión de contratos, no se producirá la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que esté formalmente constituida la garantía del cesionario. Después de un año desde que se diera por terminado el contrato, se procederá directamente a la devolución o cancelación de las garantías después de haberse concluido cualquier tipo de responsabilidad.
  • Si se trata de un contrato de obras y el importe del mismo es inferior a 1.000.000 euros, de cualquier otro contrato con un importe de 100.000 euros o cuando las empresas licitadoras cumplen con las características típicas de las pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, entonces el plazo para la devolución o cancelación de las garantías se reduce a los seis meses.

 

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