Redacción Gedesco | 9 Diciembre 2015 | Artículos y novedades sobre el Factoring.

Los autónomos piden embargar a Ayuntamientos morosos

Los autónomos piden embargar a Ayuntamientos morosos

Los trabajadores autónomos son el colectivo más indefenso ante el retraso de los pagos. Son los que menos recursos y liquidez tienen para enfrentar el impago por parte de alguno de sus clientes. Tanto es así, que muchos de ellos abandonan la actividad por culpa de la morosidad, que se posiciona como uno de los principales lastres (junto a la economía sumergida) de los trabajadores por cuenta propia.

Por ello, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en palabras de su presidente, exigen que “se cumpla la ley, que dice que hay que pagar en 30 días”. Solicitan que, de igual manera que se embarga a los ciudadanos que no pagan sus impuestos, se haga con los Ayuntamientos que no cumplan sus obligaciones de pago, y los autónomos “cobren su Participación en los Ingresos del Estado (PIE)”.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha puesto ejemplos de Ayuntamientos concretos que tardan cerca de 150 días en pagar a los autónomos, algo que según ha calificado es “hundir actividades y hacer daño al empleo”. Por ello, y como la Ley es igual para todos, desde ATA proponen que se trate a las entidades públicas igual que a los ciudadanos.

Exigencias que no son desorbitadas, a tener del problema que supone la morosidad, no sólo para los autónomos, sino también para las empresas de mayor tamaño. Según datos publicados por la Plataforma contra la Morosidad en España, en el último año 400.000 empresas tuvieron que cerrar por esta causa. Las pymes y los autónomos afectados se ven obligados a endeudarse, y resulta complicado hacer frente a los gastos sin tener liquidez. Finalmente, muchos de ellos tienen que finalizar su actividad. Aunque el problema afecta a un mayor número de pymes, el más vulnerable es el autónomo, por los motivos anteriormente analizados.

Ministerio y Plataforma contra la morosidad en desacuerdo

Los organismos públicos, que deberían dar ejemplo contra la morosidad, resultan ser uno de los principales generadores del problema. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha especificado que las empresas públicas abonan sus facturas en una media de 50,55 días, mientras que las privadas lo hacen con una media de 29,14 días.

Por tanto, las Administraciones no solo pagan más tarde que las empresas privadas, sino que exceden el límite marcado por la Ley, que fija el promedio en 30 días como máximo.

Asimismo, la  Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) afirma que los datos del ministerio no son del todo ciertos. Según Antonio Cañete, presidente de la organización, el Ministerio no cuenta con los primeros treinta días, sino que tan solo alude al tiempo excedido a partir del marcado por la Ley. Incluso asegura que tienen “indicios para sospechar que se están acumulando facturas pendientes de pago en las Comunidades”.

Reducción en los plazos, pero por encima de la Ley

Cierto es que los plazos en los pagos, en líneas generales, se van reduciendo, sin embargo, continúan estando por encima del marco legal y las propias Administraciones Públicas pagan más tarde que las privadas. Según la PMcM estas últimas han pasado de los 92 días de media a los 85, mientras que las empresas públicas pagaban en una media de 141 días y ha pasado a ser en 111. Aún mejorando, sigue muy por encima de lo establecido legalmente.

Esta situación está provocando un aumento del uso de soluciones como el factoring, especialmente en algunos sectores, como el textil o la construcción, que acumulan retrasos más largos. Con esta solución financiera es posible eliminar la morosidad, puesto que se cede la gestión de los derechos de cobro a una entidad, que adelanta el dinero al proveedor, de manera que éste no se ve afectado aunque el pagador se retrase durante meses.

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